EL
AYUNTAMIENTO DE PALOMARES RECIBIÓ Y SE GASTÓ DINERO DE LOS FIRMANTES DEL
CONVENIO DE LA CORNISA, A PESAR DE QUE ESTÁ PROHIBIDO.
ADTA (www.adta.es) ha dado a conocer el siguiente
comunicado:
“En noviembre de 2005 fue
aprobada la Ley
13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo,
que modifica en su artículo 24 apartado 3, el artículo 30 de la Ley 7/2002, de
17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que restringía la
percepción de cantidades a cuenta por convenios urbanísticos.
El Ayuntamiento de
Palomares del Río (Sevilla) aprobó unas semanas después (30/12/2005) de la
entrada en vigor de dicha norma, una Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
la realización de Actividades Urbanísticas y varios meses después (23/03/2006)
aprobó un Convenio Urbanístico (cuyas determinaciones han sido incluidas en la
Aprobación Inicial del PGOU ; es el que afecta a los terrenos protegidos
de "La Cornisa Este del Aljarafe"), con varias empresas.
Según
hemos podido saber recientemente, el ayuntamiento recibió de dichas empresas en
concepto de “Tasas Urbanísticas” y en varios pagos (31/12/2005 y
31/07/2006), cantidades por un importe
total superior a los 3.200.000 euros. Y se los ha gastado.
La
percepción de dichas cantidades NO obedece a ninguna obra de urbanización,
siendo el único negocio de dichas empresas con el Ayuntamiento de Palomares el
citado Convenio. Por ello, el cobro, presuntamente indebido, de dichas tasas es
también presuntamente un cobro a cuenta por el convenio suscrito.
La
eficacia de la reforma de la ley es por tanto muy discutible en ese apartado y
podría ser la explicación a que se hayan seguido firmando convenios sin ninguna
protesta.
Estos
hechos han sido puestos en conocimiento de la Dirección General de Inspección
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, de la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.”
Está
prohibido por la ley gastar dinero de los convenios antes de aprobarse el plan,
precisamente para evitar estas situaciones
en las que se condiciona el planeamiento. En efecto, previsiblemente, no
se podrán llevar a término las cláusulas del convenio, ya que se trata de un
suelo protegido; pero el dinero que
PP-UIPR se ha gastado para mantener el insostenible y monstruoso aparato
administrativo, en su intento de ganar las elecciones, lo tendremos que pagar ahora todos.
Esperemos que el nuevo gobierno no caiga en la tentación, por razones
económicas, de defender el convenio y urbanizar esos terrenos. Los firmantes
son responsables de la situación y bien merecen que si se les tiene que
devolver el dinero, se pongan a la cola de los acreedores y cobren dentro de 30
ó 40 años, ó 100...